Abril 2 del
2002 La Jornada
Directora General: Carmen Lira
Saade
México D.F. Martes 2 de abril de 2002
Política
Representa
un revés a los esfuerzos por modificar la política migratoria, coinciden
Invita a la explotación el fallo de la Corte estadunidense: ONG y gremios
Manifiesta la
embajada mexicana su preocupación por los mexicanos indocumentados
JIM CASON Y DAVID
BROOKS CORRESPONSALEZS
Washington, 1o. de abril. El fallo de la Suprema Corte de Justicia
estadunidense que prohíbe a trabajadores indocumentados la libre asociación en
defensa de sus derechos laborales es un revés a la iniciativa para reformar la
política migratoria de este país, coincidieron organizaciones pro inmigrantes y
sindicatos. A su vez, la embajada de México en esta capital expresó su "seria
preocupación" por las consecuencias que esta decisión tendrá para los mexicanos
indocumentados que laboran en Estados Unidos. La central obrera AFL-CIO, el
sindicato nacional de servicios SEIU y las asociaciones gremiales de jornaleros
agrícolas UFW y FLOC, así como organizaciones latinas como MALDEF, y de defensa
de inmigrantes como la Asociación Tepeyac de Nueva York, se hallan entre las
instituciones que han condenado la decisión de suspender ese derecho, y
señalaron que es una invitación a más explotaciones y abusos contra trabajadores
indocumentados. El alto tribunal estadunidense decidió el 27 de marzo, con una
apretada mayoría de 5-4, que una empresa que despide ilegalmente a un
indocumentado no está obligada a pagar sueldos caídos, con lo cual niega a esos
trabajadores los mismos derechos que tienen ciudadanos y residentes legales
cuando son cesados injustamente. Sin embargo, en esta resolución hay un
trasfondo: el caso resuelto por la Suprema Corte surgió por el despido, en 1989,
del mexicano Juan Castro, de la empresa Hoffman Plastic Compounds, quien intentó
organizar un sindicato en la compañía. Años más tarde la Junta Nacional de
Relaciones Laborales determinó que el despido fue injusto y calculó la
indemnización al mexicano en casi 67 mil dólares por salarios caídos. Con la
determinación judicial se interpreta que si una empresa cesa a un trabajador por
actividades sindicales o por proteger sus derechos laborales, el trabajador no
goza de la protección de las leyes laborales debido a su condición migratoria
ilegal. Por su parte, la embajada de México en Washington lamentó la
decisión del alto tribuanal, ya que ''se pudieran fomentar situaciones de abuso,
explotación, marginación e indefensión de un gran número de trabajadores
indocumentados mexicanos". Tras señalar que los gobiernos de México y Estados
Unidos han buscado abordar este tema desde ''un enfoque integral y de
responsabilidad compartida'' para lograr un flujo migratorio legal, la embajada
indica que "es urgente avanzar en las negociaciones bilaterales" que se
iniciaron en abril de 2001. Sin embargo, el problema no puede resolverse con un
acuerdo migratorio negociado por los poderes ejecutivos, ya que el fallo provino
del Poder Judicial. Lo único que podría revertir esta decisión es un cambio en
las leyes nacionales, lo cual requiere de un acto legislativo, explicaron
abogados especialistas en materia migratoria. "Estamos molestos por la decisión
de la Suprema Corte, ya que permite a lo empleadores maltratar a sus empleados,
y si alguien desea organizarse para mejorar las condiciones de trabajo puede ser
cesado", afirmó Marisa Demeo, directora regional de asuntos legales del Fondo
Mexicano-Estadunidense de Defensa Legal y Educación (MALDEF, por sus siglas en
inglés). "Si como país les damos empleo a esta gente (indocumentados) debemos
tratarlos con igualdad", agregó Demeo.