Ochoa… los puntos sobre las íes

José Gil Olmos/ apro

Pilar Noriega, por muchos años defensora de derechos humanos en organizaciones civiles y actual visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), advierte que detrás del asesinato de Digna Ochoa y Plácido están "grupos" lo suficientemente fuertes para actuar impunemente y que, además, están "fuera de control".

"Quienes mataron a Digna actuaron de una manera, y con tal convencimiento, que pueden decir: 'Mira, hago lo que a mí se me da la gana', sintiéndose lo suficientemente protegidos como para no verse amenazados, aun cuando han cometido un crimen de tal magnitud".

La abogada, quien fuera compañera de Digna Ochoa en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, acepta que el asesinato de su amiga le afectó fuertemente y, como si hablara pensando en voz alta, expresa sus dudas sobre la capacidad y las acciones que pudiera tomar el gobierno de Vicente Fox para someter a quienes ejecutaron a Digna.

--¿Cree que este gobierno podría hacer algo para controlarlos?
--Mmmh, pues yo creo que sí, ¿pero qué? Eso se lo dejo a un politólogo, yo soy defensora de derechos humanos y no un politólogo. Me cuesta mucho trabajo analizar y comprender, desentrañar cuáles son los grupos de poder y qué contradicciones o no hay en el gobierno. Me cuesta trabajo.
--Decía Mario Ruiz Massieu, cuando mataron a su hermano José Francisco: "Los demonios andan sueltos".
--Muy sueltos…
--¿Demasiado?
--Sí.

Horas antes de la breve entrevista, y ante las múltiples solicitudes de hablar con ella, Pilar Noriega ofreció una conferencia de prensa en la que por momentos se le quebró la voz y las lágrimas brotaron.

Recuerda haber conocido a Digna desde 1994. Trabajaron juntas en la defensa de presuntos zapatistas presos, como Javier Elorriaga y Elisa Benavides, así como de los de Yanga, Veracruz, y Cacalomacán, Estado de México. Dice, también, que acompañó a la occisa en el caso de los campesinos ecologistas presos, los guerrerenses Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, así como de los hermanos Cerezo Contreras, acusados de la colocación de petardos en las tres sucursales de Banamex.

Las autoridades militares han estado vinculadas en cada uno de estos casos. Inclusive, en el de los campesinos ecologistas de Guerrero está la denuncia de que fueron torturados por soldados, expediente del que tuvo conocimiento el general Macedo de la Concha, actual titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y en ese entonces procurador militar. Sin embargo, Pilar Noriega aclara que no podría señalar que militares pudieran estar involucrados en el asesinato de Digna.

"Desconozco si exmilitares o grupos fuera de su función estarían o no relacionados, pero eso es lo que se tiene que investigar y nosotros pedimos que se haga una investigación profesional", señala ante reporteros nacionales y extranjeros.

En la entrevista con Apro, efectuada en sus oficinas, abunda más sobre esta línea de investigación que sigue el procurador capitalino, Bernardo Bátiz.

"Yo creo que son las propias autoridades, incluso la Procuraduría, la Secretaría de Gobernación, miembros del Ejército o la Secretaría de la Defensa, quienes han dicho que están dispuestos a colaborar y a que se investigue. Es un factor que no se debe descartar y que también hay que investigar", considera Pilar.

Visiblemente consternada, confiesa que por su involucramiento con Digna no alcanzaba a descifrar el mensaje de un homicidio de tal magnitud. Sin embargo, señala que lo ocurrido con su excompañera abogada "es consecuencia" de que no se ha atendido la grave situación a la violación a los derechos humanos, denunciada por la CIDH.

"Desde luego que ahora es más grave la situación, porque el asesinato de Digna pone los puntos sobre las íes y es un foco de alarma bastante grave. Lo es, pero no porque no haya habido casos de violación de derechos humanos a partir de que Fox tomó posesión de la Presidencia, sino porque tampoco se dieron los pasos para hacer cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".

Pilar Noriega señala que en dicho informe se hacen notar de manera reiterada graves violaciones a los derechos humanos en México, y que el homicidio de Digna Ochoa "es un aspecto bastante grave, que viene a poner en cuestión no sólo la violación de los derechos humanos, sino el clima de inseguridad del país y el hostigamiento hacia los defensores de derechos humanos".

Sentencia: "Lo que pasa es que tal vez con el cambio de gobierno, con el nuevo sexenio, se trató de obviar, pero siempre ha estado latente y presente".

Considera que la magnitud del asesinato de Digna es "incomprensible" e "inesperado", incluso por quienes acabaron con la vida de su amiga.

--¿De verdad no cree que haya sido prevista la magnitud?
--Yo creo que a lo mejor esta respuesta, tanto nacional como internacional, no la habían previsto. No sé, pero si la previeron, entonces es más grave la situación. Bastante más preocupante será que hubieran querido crear el clima, la situación en la que nos encontramos.
--Por la magnitud, por la forma en que se hizo y a quien se le hizo, ¿es un mensaje?
--Desde luego que es un mensaje, pero no porque no se hayan dado las violaciones, insisto, es porque no se han atendido. Es un mensaje, y creo que será en el corto plazo que vamos a ver cuál es la situación en que desemboca el clima que en este momento estamos viviendo.
--Insisto, por la magnitud de lo que pasó ¿cree que hay un mensaje implícito?
--Yo no alcanzo a descifrar un mensaje; sé que hay un mensaje, pero la magnitud del mensaje y qué es lo que han querido decir, no. No sé si sea por lo afectada que he estado personalmente, emocionalmente, pero sí me ha costado descifrar exactamente qué es lo que pretenden.

Defensora de muchos casos de violación de derechos humanos, Pilar Noriega reconoce que la violencia sería uno de los mensajes más evidentes.

"Desde luego, pero si hablamos del mensaje, es más que esa violencia, y es lo que no alcanzo a descifrar. Tampoco por qué en estos momentos, en que políticamente no es conveniente para el país.

--Políticamente no es conveniente para nadie, ni para el gobierno, ni para el Ejército.
--Desde luego, para nadie, pero precisamente por qué se da, de quién viene, o a quién quieren dañar, porque no creo que solamente sea acabar con la vida de Digna. Además, dejaron amenazas para el Proh; entonces, reitero: es un mensaje difícil, duro, que yo en lo personal no puedo alcanzar a entenderlo en toda su magnitud.
--Pero sí nos habla de un clima que supuestamente ya se sentía superado.
--Desde luego, pero al parecer no, y eso es lo difícil. Eso y la cercanía que hay con el evento, creo que impide conocer la magnitud y el alcance de la situación y del evento.

Un elemento que sí reconoce Pilar es la "cruz" que en cada mensaje de muerte les ponían en los papeles anónimos que recibió junto con Digna, desde 1996, así como con los demás miembros del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.

"La crucecita que le ponen en el anónimo es común a otras que ya había recibido el Proh. Ese es el elemento esencial de similitud. Desde luego que creo que viene de la misma persona o grupos o intereses que habían amenazado anteriormente a Digna", señala.

Calificado por el ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza, como "un golpe del pasado", para Noriega el asesinato de Digna es del presente.

"Desde luego, los tiempos van y vienen constantemente, y el pasado vuelve al presente, así es".

--¿Fue gente que está más allá del poder mismo?
--Pues, por lo pronto, fuera de control.
Y aunque esta es una de las conclusiones de Pilar Noriega, en la entrevista flota la incertidumbre. "Sí, es algo que está fuera del control del gobierno. Sí, porque no le conviene al gobierno una situación de esta naturaleza", concluye.

Digna Ochoa o el regreso de la guerra sucia

Raúl Monge

México D.F. (apro)- Casi seis meses después de haberse refugiado en Estados Unidos luego de dos secuestros y de varias amenazas de muerte, la activista del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro", galardonada con el premio Roque Dalton en 1998 por su labor en defensa de las garantías individuales, Digna Ochoa Plácido regresó a México, pero sólo para encontrarse con la muerte.

La tarde del viernes 19, dos disparos de bala, que se impactaron en el cuello y en la pierna, terminaron con la vida de la abogada de 38 años de edad, quien, pese a los antecedentes de agresiones directas y amenazas de muerte, no contaba con seguridad personal. El procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, se lavó las manos al asegurar, en conferencia de prensa, que la anterior administración cerró el caso sin detenido.

El cadáver de Digna Ochoa fue encontrado en su despacho de la colonia Roma, el cual compartía con la también defensora legal Pilar Noriega, quien, por cierto, cuatro días antes había aceptado la invitación del nuevo ombudsperson del DF, Rafael Alvarez Icaza para hacerse cargo de la Primera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos de la capital.

En el lugar de los hechos, peritos de la PGJDF encontraron una subametralladora calibre .22, tres casquillos y un manuscrito. Según el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, quien fue una de las primeras autoridades de la PGJDF en llegar a la escena del crimen, el texto encontrado contenía una amenaza directa a los integrantes del centro de derechos humanos "Agustín Pro", que dirige actualmente Edgar Cortés.

"Pros, hijos de puta, si siguen con sus cosas a más de uno les va a pasar lo mismo", decía textualmente el mensaje.

Por su trabajo en favor de las víctimas de militares y fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, la abogada veracruzana fue víctima de varias amenazas de muerte y de por lo menos dos secuestros documentados. El primero de estos últimos ocurrió el 9 de agosto de 1999, cuando salía de su domicilio. En esa ocasión, estuvo privada de su libertad por espacio de cuatro horas.

El segundo secuestro se produjo un par de meses después, el 28 de octubre. En esa ocasión, un grupo de individuos allanó su casa y Digna Ochoa fue amordazada y sometida a un intenso interrogatorio, de corte policial, según refirió después. Y es que las preguntas estaban dirigidas a conocer sus supuestos vínculos con miembros del EZLN, EPR y ERPI.

Ese mismo día, otro grupo de personas no identificadas entró a su oficina, donde dejaron impresa la siguiente inscripción: "poder suicida".

A raíz de esos hechos, diversas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos exigieron a las autoridades federales que se brindara protección policiaca. El Centro Agustín Pro presentó, incluso, una denuncia formal de hechos en la Procuraduría General de la República.

El entonces titular de esa dependencia, Jorge Madrazo Cuéllar, ofreció investigar el asunto y asignó una escolta a la abogada y otra más al padre David Fernández.

Posteriormente, el 17 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al gobierno mexicano que adoptara, sin ninguna dilación, una serie de medidas precautorias, con el propósito de garantizar la integridad física de Ochoa y de los integrantes del Miguel Agustín Pro.

Sin embargo, el clima de hostigamiento no cesó y el 31 de enero de 2000 integrantes del "Agustín Pro" volvieron a recibir amenazas de muerte anónimas.

Cansada de no poder moverse a sus anchas, la defensora de los derechos humanos decidió, en septiembre de 2000, abandonar el país y refugiarse en Estados Unidos. Fernández dejó la dirección del organismo y se fue a vivir a la ciudad de Guadalajara.

Pero su estancia en el vecino país no fue larga. Seis meses después, regresó a México y se encontró con que la PGR había enviado a la reserva la denuncia presentada por el Pro. Y el 31 de mayo, el gobierno mexicano informó a la CIDH que había cumplido su parte y que, como las amenazas habían cesado, no había razón para que la abogada tuviera protección policiaca. El 22 de agosto, la Corte consideró que las medidas precautorias habían cumplido su cometido.

Dos meses después, el 19 de octubre, la defensora de los indígenas presos en la cárcel de Iguala, acusados de narcotráfico por el ejército mexicano, fue asesinada de dos tiros en su despacho de la colonia Roma.

El dictamen del Servicio Médico Forense es contundente: El cuerpo de la víctima presentaba tres lesiones y un disparo en la cabeza, arriba de la oreja, hecho a corta distancia.

Las reacciones de la sociedad civil y de las autoridades capitalinas no tardaron en llegar. El procurador Bátiz afirmó que el móvil del asesinato tenía tientes políticos, mientras que el jefe de Gobierno del DF aseguró, a su vez, que ese tipo de actos resquebrajan el estado de derecho en México.

Y el presidente de la CDHDF, Emilio Alvarez Icaza, calificó el asesinato como el más grave ocurrido hasta ahora en México contra un promotor de los derechos humanos. "Es un poderoso mensaje de impunidad", dijo.

Aunque en la agencia Gayosso estuvo presente Marie Claire Acosta, exactivista de derechos humanos y actual subsecretaria de Relaciones Exteriores, y llevó a los familiares de la víctima un mensaje a título personal, la respuesta del gobierno federal fue por demás tardía. Pasada la medianoche del sábado, el secretario de Gobernación, expresó la "profunda indignación y enérgica condena del gobierno federal", por lo sucedido.

Los organismos internacionales reaccionaron antes incluso que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. El sábado 20, Amnistía Internacional y Human Rights Watch lamentaron la poca disposición de las anteriores y actuales autoridades federales para velar por la seguridad de Digna Ochoa y exigieron el esclarecimiento del crimen.

El lunes 22, el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, declaró que el asesinato de la abogada pone en duda las garantías que tienen las personas que se dedican a proteger los derechos humanos y "representa un grave retroceso para el país".

A diferencia de la postura asumida por el gobierno de Fox, el Departamento de Estado norteamericano reprobó el crimen y deseó suerte a las autoridades mexicanas para que identifiquen y enjuicien a los responsables del mismo.

"Estados Unidos condena totalmente el brutal asesinato de Digna Ochoa, conocida y elogiada en todo el mundo por su dedicación, una dedicación que a menudo entrañaba riesgos considerables, a la causa de promover los derechos humanos de todos los mexicanos", afirmó Phill Reeker, vocero del Departamento del Estado.

De entre las muchas voces que se han levantado hasta ahora, la de la iglesia católica es la que mejor se acomoda en el nuevo rompecabezas que tiene enfrente el gobierno mexicano:

La ejecución, dijo la Arquidiócesis de México, reviste un inaceptable episodio de regresión a tiempos de persecución y desaparición de personas. Es, añadió, un testimonio más de la barbarie aniquiladora de quienes no saben y no entienden el trabajo de la defensa de los derechos fundamentales de las personas.

En un comunicado, el director de la Comisión de Justicia y Paz, Francisco Javier Acuña, exigió el esclarecimiento del caso y pidió a las autoridades federales y capitalinas que hagan lo necesario para proteger la integridad física de los luchadores sociales dedicados a la protección de los derechos humanos.